Pedro Álvarez, vecino de la localidad de Tedejo, descubridor del documento en posesión de su familia que acredita la ‘Campaña pro-abolición pena de muerte en España’ y ‘contra la aplicación de la ley de vagos y maleantes’, firmada por quince cabezas de familia de Tedejo, en el año 1934
La Ley de Seguridad Ciudadana que pretende sacar adelante el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido calificada de “ley mordaza” por varios sectores sociales, que critican su carácter político y represor. Pero no es la primera vez que un gobierno democrático acude a la legislación para “evitar” cualquier tipo de movimiento disidente y contestatario. Hace 80 años, en plena II República, el gobierno de derechas del radical Alejandro Lerroux utilizó la Ley de vagos y maleantes -aprobada en 1933 y conocida como ‘La Gandula’ – como la principal arma de represión en la huelga revolucionaria de octubre del 34, especialmente violenta en las cuencas mineras de Asturias y León.
Entonces, se reinstauraba en España la pena de muerte y se creaban los primeros campos de concentración que después serían norma durante la Guerra Civil y el Franquismo. Una iniciativa rechazada y protestada, que llevaría a la creación de la Agrupación de Abogados de los Defensores de los Encartados por los Sucesos de Octubre de 1934 (ASO) -cuya presidencia honoraria recayó en Ramón María del Valle-Inclán-, que se movilizó por todo el país contra la pena de muerte, y que inició una campaña de recogida de firmas que llegó a los más recónditos lugares, hasta el pequeño pueblo de Tedejo (Folgoso de la Ribera), donde los descendientes de uno de los firmantes, Antonio Álvarez Uría, encontraron una de esas hojas suscritas por un quincena de vecinos de esta localidad berciana.
“Esa hoja apareció en la década de los noventa del siglo pasado, cuando mi padre estaba ordenando toda la documentación que había encontrado y que hoy es nuestro archivo familiar”, explica el nieto de Antonio, Pedro Álvarez, “pero nadie ni en la familia ni en el entorno tenían constancia previa de su existencia”. Apareció guardado o “escondido” en una especie de zurrón de cuero, como el que solían usar los pastores, en el altillo de la casa. “Mi abuelo se lo ocultó a todos y nunca dijo nada de ese documento, no sabemos si por miedo a la represión que siguió a la revolución del 34 en esta zona, mucho más acentuada después de 1936”, cuenta Álvarez, que se pregunta si no le hubiera sido más fácil deshacerse de él y quemarlo en la lumbre.
Se pudo traspapelar y caer en el olvido, oculto entre otros documentos, o bien fue guardado deliberadamente “con la esperanza de que alguien lo descubriera y lo aflorara en tiempos de más certidumbres que aquellos en los que las denuncias eran habituales, no solo entre los vecinos, sino también entre miembros de una misma familia”. “Podemos decir que mi abuelo fue cauto y osado a partes iguales”, valora Pedro, que se hace decenas de preguntas sobre este documento que permaneció desaparecido durante más de 60 años. Así, se plantea cómo pudo llegar esta hoja hasta estas gentes de Tedejo, “sencillas y conservadoras”, muy alejadas de los “líderes de opinión” de distintos ámbitos culturales, sociales o políticos a los que pretendía llegar principalmente la campaña de la ASO -llegó a reunir unas 200.000 firmas-.
En sus investigaciones, sólo una persona podría unir dos mundos tan dispares ideológicamente como el sencillo y conservador de los labradores y el revolucionario de los mineros: el maestro de la escuela de Tedejo, Don Luciano. “Lo firman gente de derechas y gente de izquierdas, por lo que la persona que les dio la hoja tenía que tener una ascendencia moral muy importante en ellos y, en aquella época, solo podía ser el cura o el maestro”, puntualiza Pedro Álvarez, que explica que Don Luciano era natural de Viloria, cerca de Bembibre, y que además de preocuparse por la educación de los niños, “por las noches daba clases a los adultos para enseñarles a leer, escribir, las cuatro reglas matemáticas y algo de cultura general y, también, se preocupó por la calidad de vida de esas gentes e introdujo en el pueblo las técnicas de la apicultura”.
Documento acreditativo de la ‘Campaña pro-abolición pena de muerte en España’ y ‘contra la aplicación de la ley de vagos y maleantes’, firmada por quince cabezas de familia de Tedejo
Quince firmas
Con un sello de la ASO que indica “campaña pro-abolición pena de muerte en España” y “contra la aplicación de la ley de vagos y maleantes”, quince cabezas de familia de Tedejo firmaron esa “petición nacional en favor de todos los presos políticos y sociales”. “Los que suscriben piden la abolición de la pena de muerte y un trato humano para los que sufren prisión por cuestiones políticas. Solicitan la libertad inmediata de todos los presos políticos y sociales para que puedan reintegrarse a sus hogares, donde reina hambre y miseria”, recoge el texto del documento aparecido en Tedejo. “Está firmada por la práctica totalidad de los cabezas de familia del pueblo por aquella época, que si multiplicas por una media de seis o siete miembros, son el centenar y pico de personas que vivían aquí en esos años”, apostilla Pedro Álvarez.
A este respecto, destaca que han conseguido identificar a todos los firmantes menos a uno y, recalca: “No nos cabe duda de que sus firmas son originales porque las han podido contrastar con las que aparecen en otros documentos, principalmente de compra-venta de terrenos y casas. Una tarea de verificación para la que han contado con la colaboración del Departamento de Historia de la Universidad de La Rioja. “No nos cabe la menor duda de la veracidad de documento”, insiste Álvarez, al que le gustaría saber qué pasó después con esa campaña abolicionista, si finalmente se llegaron a presentar a alguna instancia política, si se conservan más hojas de firmas en algún otro lugar o si se destruyeron.
El papel lo guardó Antonio Álvarez durante décadas. “De haber sido descubierto -según su nieto-, a mi abuelo y a todos los que lo firmaron los habrían fusilado con casi toda seguridad”. Era una hoja de firmas entre recibos de contribución y algún salvoconducto para visitar a un familiar en un pueblo cercano. “Mi abuelo lo guardaba todo”, asegura Pedro, mientras tiene en sus manos un escrito de la delegación comarcal de Folgoso de la Ribera de “la Falange Española Tradicionalista y de las JONS” firmada por el “camarada y jefe local”, Matías García, y dirigida al presidente de Tedejo informando de la llegada a Bembibre “de nuestro excelentísimo señor jefe provincial y de Gobernación Civil con el fin de establecer contacto con los falangistas de toda la comarca” y para que lo “comunicara usted a esa localidad para que se presenten en Bembibre el mayor número de camaradas a la hora citada”. “Por Dios, España y su revolución nacional sindicalista”, concluye la misiva.
Imagen del Sagrado Corazón que los revolucionarios de Bembibre se llevaron a las barricadas con el cartel ‘Cristo Rojo, a ti te respetamos por ser de los nuestros’, durante la represión gubernamental de la llamada ‘Revolución de Octubre’, en las cuencas mineras
Una dura represión
La represión gubernamental de la llamada ‘Revolución de Octubre’ fue muy dura, especialmente en las cuencas mineras. A los pocos días de estallar la revuelta, el Bierzo vivía uno de los episodios que marcarían su crónica histórica del año 34: El Cristo ‘Rojo’ de Bembibre. Según recogía la revista ‘La Estampa’, “el domingo 7 de octubre de 1934, a las once de la mañana, 2.000 mineros de la cuenca del Sil bajaron como un alud de sus altas montañas y se apoderaron de Bembibre”, entonces “los revoltosos se dirigieron al Ayuntamiento, destrozaron toda la documentación que allí había y proclamaron la República Socialista”. “Luego rociaron la iglesia con gasolina y le prendieron fuego pero antes habían sacado la imagen de un Sagrado Corazón y la dejaron en medio de la plaza con un letrero en el pecho que decía: ‘Cristo Rojo, a ti respetamos por ser de los nuestros’”, relata.
Fue la república socialista más breve, tan solo duró diez horas, a la que siguieron meses de torturas y abusos que el diputado de Izquierda Republicana por León, Félix Gordón Ordás, recogió en un informe para denunciar ante las Cortes la represión que el gobierno de la CEDA desató o permitió como consecuencia de los acontecimientos de octubre en las comarcas mineras de Asturias, León, Bierzo y Palencia. “En ese memorial de agravios, Felix cuenta muchas de esas torturas, algunas de forma muy sofisticada como la de la Guardia Civil de Bembibre, que golpeaba a los presos con la culata del fusil hasta romperles los tendones y las falanges de los dedos de los pies, no podían andar y se veían obligados a arrastrarse”, destaca Pedro Álvarez.
Y es que el informe de Gordón Ordás describe los maltratos de decenas de mineros en las cárceles, “presos bestialmente machacados a golpes, unos por la Guardia Civil en el momento de la detención, otros dentro de los cuarteles y bastantes en las Comisarías de Inspección y Vigilancia” y denuncia como otros “han tenido que firmar declaraciones que desconocen, las cuales se les presentaron redactadas de antemano, sin que se les permitiera ni leerlas, por pretenderlo, algunos recibieron palizas suplementarias”.
Así, dice que por Bembibre pasaron unos 200 detenidos y que “a casi la totalidad de ellos les pegaron brutalmente en la Casa Ayuntamiento, que es donde estaba ubicada la cárcel. “Las palizas las daban en el salón de sesiones, que fue habilitado para cuartel general, y antes de pegarles les hacían quitarse a los detenidos las chaquetas, diciéndoles que ellas no tenían la culpa —frase que se ha repetido con singular exactitud en casi todos los lugares de apaleamiento en la zona minera de León—, y seguidamente se despachaban sobre ellos a su gusto”, denuncia Gordón Ordás. También explica que la inmensa mayoría de los habitantes de la capital del Bierzo Alto, “por estar tan céntrico el lugar de la tortura”, oían los gritos “desgarradores” de los detenidos.
En su escrito, entre muchas otras historias, detalla la de un vecino de Matarrosa, Nemesio Pascual, y de otros dos de Bembibre, Daniel Huerga y Luciano Dominguez, así como de un chiquillo de apenas quince años, pinche de la cooperativa obrera de Matarrosa, que llegó a la cárcel de Astorga “con la piel de las muñecas cortadas por las esposas y el cuerpo cubierto por las huellas de una paliza bestial”. Nemesio Pascual fue detenido en su pueblo el 8 de octubre y conducido ese mismo día a Bembibre, donde en poco más de una semana recibió 19 “bárbaras” palizas “hasta hacerle perder el sentido y tener que ser devuelto en brazos de otros presos al calabozo”.
Misma suerte que corrió Luciano Domínguez, que llegó a la cárcel de Astorga “ensangrentado, con todas las ropas desgarradas y revolcadas en barro, tenía una costilla rota, grandes desgarrones en las partes blandas del torso y una pierna encogida, sin duda por efecto de haberle machacado un haz de nervios”. Sin asistencia médica, fue metido en una celda sin curarle. “Ninguna nueva noticia tengo de él”, añadía Gordón Ordás, que también alude en su informe a asesinatos, crímenes y hacinamientos, como el de Villablino, donde “llegó a haber detenidos en una sola habitación durante 20 días consecutivos hasta 120 hombres, que permanecían allí hacinados sin ninguna ventilación, muy escasa luz y un persistente olor insoportable, con un solo barreño para orinar todos”.
Ante estas crueles circunstancias, Pedro Álvarez entiende que su abuelo apoyara la causa de la ASO y condena la represión porque “quemar una iglesia es una burrada pero la carnicería que montaron con los mineros después fue ya una burrada cum laude”. En su opinión, la represión de 1934 fue un ensayo de la que marcó los años que siguieron al levantamiento militar de 1936 porque “son los mismos carniceros, aparecen los mimos nombres”. “El comisario político que removió Roma con Santiago para fusilar al abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero es el mismo represor que actuó antes en toda esta zona de Matarrosa, Bembibre y Toreno”, apunta Álvarez, que cree que hay que perder el miedo a utilizar la palabra que mejor describe lo sucedido,“genocidio”, porque fue un “auténtico intento” de exterminio de un grupo social por un motivo de naturaleza política.
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